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Faltan menos de dos años para que el Proceso de Bolonia, el plan que permitirá homologar las titulaciones universitarias de la UE, entre en vigor en España. Pero los estudiantes llevan tiempo denunciando los males del nuevo sistema. Entre ellos, la supuesta privatización de la Universidad Pública. Mientras tanto, las autoridades y los responsables universitarios no están siendo capaces de aplacar las voces críticas. La controversia está ahí fuera.

Por ITZIAR ARTETXE

“Sobre Bolonia se sabe poco y se habla mucho”. Parece ser la conclusión más razonable ante la lluvia de opiniones enfrentadas que la nueva reforma de la Universidad está suscitando. La reflexión la hace Alfonso Unceta, decano de la facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco, tras media hora de charla acerca del denominado Proceso Bolonia. Pero a nivel de calle, el sentir general parece ser el mismo. Patricia Suárez y Maialen Berasategi, alumnas de 4º de periodismo de la UPV, se encogen de hombros al preguntarles su opinión. “Sabemos muy poco. Quizá por la desinformación que ha rodeado a todo este asunto. Todo nos resulta confuso”.

En los últimos meses las noticias acerca de encierros, manifestaciones y algún que otro incidente violento por parte de estudiantes antibolonia han ido en aumento. Internet acoge miles de páginas de otros tantos internautas que utilizan la red para propagar su oposición ante la nueva regulación de la universidad. Pero no todos los estudiantes comparten las misma opinión. Por su lado, los responsables universitarios apoyan la necesidad de esta reforma y el espíritu de Bolonia. Lo curioso en todo este asunto es que los mismos puntos son utilizados por unos y otros para defender los beneficios o atacar los inconvenientes del nuevo marco universitario.

El origen

La Unión Europea alcanzaba en 1999, en la ciudad de Bolonia, un acuerdo para iniciar un nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, más comúnmente conocido desde entonces como Proceso Bolonia. Ese nuevo espacio se marcaba unos objetivos clave: por un lado, facilitar la movilidad de estudiantes y docentes entre los países europeos gracias a la homologación de títulos a nivel europeo; por otro lado, adaptar los contenidos de los estudios a las demandas sociales. El primer cambio sustancial para alcanzar dicha meta ha consistido en la implantación de un sistema de créditos europeos, los llamados ECTS, que pretenden realizar un seguimiento más cercano del trabajo diario del alumno, dejando de lado el método de las clases magistrales, donde el profesor habla mientras los alumnos toman apuntes.

“Este sistema toma como base una jornada de 40 horas semanales. De esta manera se impide al universitario estudiar y trabajar al mismo tiempo y se priva al colectivo estudiantil de tiempo para organizarse y responder ante problemas propios o sociales”. Es lo que piensa Ainara Rodríguez, perteneciente a Ikasle Abertzaleak, una de las asociaciones de estudiantes que más fervientemente se ha opuesto a Bolonia desde el principio. Pero desde Lurgorri, otra de las asociaciones más potentes de Euskadi, Aratz Castro responde: “Una de las cosas que se plantea es valorar aquellos esfuerzos que hace el alumno y que hoy en día no se valoran, como la realización de trabajos. Me parece bueno que se empiece a contabilizar el esfuerzo diario más allá de los exámenes”.

Desde el punto de vista docente, el nuevo sistema de créditos se ve con buenos ojos. “El proceso va a ser para bien, sobre todo va a beneficiar al alumno”, explica Txoli Mateos, profesora de Teoría Sociológica en la UPV. En la misma línea se manifiesta Manu Martínez, profesor de Técnicas Periodísticas en la misma universidad: “es positivo en cuanto que cambia la pedagogía. Es otra forma de funcionar en la Universidad. Hay un mayor seguimiento del alumno y una mayor relación entre profesor y alumno”.

Pero incluso la aparentemente bienintencionada propuesta de ampliar las fronteras de estudiantes y profesores ha sido blanco de las críticas de los que se erigen en contra del proceso. Argumentan que el nuevo sistema tenderá a homogeneizar los títulos, que en consecuencia habrá titulaciones que desaparezcan por no ser rentables para el mercado y que la universidad se centrará en formar trabajadores en lugar de fomentar el conocimiento y la reflexión del alumnado. “Bolonia no homogeneiza titulaciones, todo lo contrario. Establece unos mínimos que todas las universidades cumplen, pero a partir de ahí cada universidad es autónoma y establece sus asignaturas. Lo que ayuda es a que haya más diversidad, que puedas ir a otro país y estudiar el área que más te gusta, porque habrá universidades más especializadas en determinadas áreas. Eso fomenta la movilidad”, Aratz Castro no parece tener ninguna duda al respecto.

El debate

Ante semejantes discrepancias, lo cierto es que, a falta de menos de dos años para la implantación definitiva del proceso, los poderes institucionales no parecen acertar en aclarar el verdadero alcance de la reforma, y la desconfianza se va haciendo mayoritaria en los campus españoles. En algunos de ellos (Barcelona, Complutense, Sevilla) los estudiantes han organizado movilizaciones y asambleas para manifestar su desacuerdo con Bolonia, ocasionando numerosos quebraderos de cabeza a los máximos responsables universitarios. Son precisamente esos estudiantes los que han logrado que el proceso de Bolonia haya adquirido la mala fama con la que cuenta, influyendo decisivamente en la opinión pública. “Sé que va a suponer la privatización del sector y el hecho de que se va a tener que hacer una especialización en los últimos años de carrera… pero no sé más”. Patricia Suárez repite las consignas que más ha oído entre los antibolonia, aunque no sepa explicar muy bien por qué cree saber lo que dice.

Privatización y mercantilización. Son las críticas más reiteradas contra la reforma desde las asociaciones de estudiantes que se han alzado contra el nuevo Espacio Europeo. “La universidades se convertirán en departamentos educativos de las grandes empresas, y los planes de estudios girarán en ese sentido”, mantiene Claudio Testa, del Movimiento al Socialismo. Alfonso Unceta hace frente a las acusaciones: “Se ha elaborado un discurso que viene a decir que Bolonia se identifica con los intereses de las empresas. Es una crítica bastante precaria. Creo que va a costar probarlo. La Universidad Pública sigue siendo pública. Es verdad que en una sociedad como la nuestra las carreras tienen que estar cada vez más cerca de la profesión, pero eso no quiere decir que las empresas dicten el contenido de los grados. La pregunta sería hasta qué punto las universidades pueden vivir de espaldas a las profesiones en el siglo XXI”. En el mismo sentido se manifiesta Txoli Mateos. “La de la mercantilización es una crítica muy discutible. La universidad siempre ha estado al servicio del mercado, nos guste o no, y con Bolonia no creo que eso vaya a más. La Universidad siempre vive con la tensión de que lo que produce sirve o no sirve para el mercado. La Universidad no es una isla dentro de la sociedad capitalista”. Pero no todos los profesores lo tienen tan claro. “Estoy de acuerdo con las críticas”, sostiene Manu Martínez, “la financiación privada es algo que ya se estaba dando, a través del mecanismo de convenios entre empresas y Universidad en investigación. Pero otra cosa es el tema de las cátedras, porque una empresa privada podría llegar a definir una cátedra en la universidad y eso sí que puede afectar a las líneas de investigación”.

Si algo queda patente tras escuchar a unos y a otros es que, de momento, con apenas curso y medio por delante para que Bolonia entre en vigor, nadie es capaz de demostrar claramente cómo va a afectar realmente el proceso a la Universidad. “Lo que menos me gusta de Bolonia es que es un acuerdo alcanzado en 1999 y nueve años después todavía no está implantado. Eso en el tiempo ha llevado a que no esté bien explicado. No ha sido un proceso muy feliz en el grado de penetración”, reconoce Alfonso Unceta. Así se entiende que unos y otros se acusen mutuamente de mentir en sus respectivas defensas del sí o el no a Bolonia, sin que acabe de resolverse quién lleva razón en cada caso. Ahí está como ejemplo el asunto de las becas. Desde las plataformas de los detractores del plan se ha denunciado que Bolonia supondrá la eliminación de las becas “a fondo perdido” en sustitución de un sistema de “becas-préstamo” a interés cero. Esto supondría que el alumno recibiría una beca para realizar sus estudios y que una vez esté trabajando iría devolviendo al Estado el dinero que hubiera recibido prestado, sin ningún tipo de interés. Pero desde las instituciones y desde colectivos de estudiantes que defienden la necesidad del proceso se desmiente que tal sustitución se vaya a realizar. “A mí me gustaría que me dijesen dónde pone que se van a eliminar las becas como hoy en día existen. Se establece que habrá subvenciones o becas y que también habrá becas préstamo”, Aratz Castro suena contundente.

Con la entrada de Bolonia, la educación universitaria se estructurará entorno a los estudios de Grado (que sustituirán a las actuales licenciaturas y diplomaturas) y los estudios de Postgrado, que se concretarán en Másteres académicos o profesionales. Las críticas en este caso se centran en la idea de que los Grados (que en España se cursarán a lo largo de 4 años mientras que en Europa durarán 3) impartirán una enseñanza demasiado general que no permitirá al alumno obtener el conocimiento suficiente para incorporarse al mercado laboral, y que la especialización se obtendrá cursando másteres de dos años, cuyo coste es significativamente superior a los estudios de grado. “Es en el postgrado donde se dará la especialización, que es al fin y al cabo lo que marcará las diferencias. El problema es que los postgrados no están al alcance de cualquier bolsillo, por lo que se propiciará una nueva elitización”, explica Ainara Rodríguez. Y es quizá en este punto donde las críticas antibolonia parecen más justificadas, pues los responsables universitarios no ayudan a despejar la duda. “Los grados seguirán acogidos al sistema general de gratuidad mientras que los postgrados supondrán un coste. Pero esto también es discutible. Sí parece que la enseñanza más especializada va a tener un costo y esa es una de las críticas que puede haber, dentro del conjunto de críticas dispersas que hay. Está todo en el aire”, observa Alfonso Unceta.

¿Qué pasará con el euskera?

En Euskadi, además, los sectores antibolonia han visto en el plan una amenaza para la enseñanza de las asignaturas en euskera. Pero desde el rectorado y los diversos decanatos se desmiente que Bolonia vaya a suponer un retroceso para que las titulaciones puedan seguir cursándose en ese idioma. “La oferta de Grado está cubierta en ambos idiomas y la de postgrado no. A día de hoy en la oferta de postrado el euskera ocupa un lugar bastante poco significativo, pero esto no es nada nuevo. Tiene que ver con el proceso mismo de euskaldunización, no con Bolonia”, defiende Alfonso Unceta. La falta de consenso entorno al Proceso de Bolonia no parece más que acrecentarse a medida que se acerca la fecha de la implantación definitiva del nuevo sistema, cuando en realidad ya no hay posibilidad de dar marcha atrás. En el curso 2010-2011 la Universidad Pública Española ya estará regida por la nueva ley y es entonces cuando podrán medirse las verdaderas consecuencias del proceso, cuando podrán valorarse los aspectos positivos y negativos que la adecuación al Espacio Europeo traiga consigo. Hasta entonces, la polémica está servida.

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